Reflexiones tras el “Encuentro Improbable sobre la violencia en el deporte”

 

El pasado 19 de mayo participamos en el Encuentro Improbable sobre la Violencia en el Deporte, organizado por el Seminario de Investigación para la Paz (SIP) en el Centro Pignatelli de Zaragoza. La propuesta tenía un formato singular: no una mesa de ponentes y un público que escucha, sino una conversación horizontal entre diecisiete personas procedentes de mundos que rara vez se sientan a la misma mesa. De ahí lo de improbable. Reflejamos a continuación algunas reflexiones de lo que lo que allí se dijo.

 

El valor de los encuentros improbables

Lo que posiblemente sea lo más importante, más allá del tema concreto. Este tipo de encuentros tienen un valor social que no siempre sabemos reconocer. En una época en la que tendemos a hablar cada uno desde su trinchera —el club con el club, la federación con la federación, la universidad con la universidad—, sentar en la misma sala a representantes de entidades deportivas, peñas, profesorado de educación física, juristas, psicólogos y administración pública es, en sí mismo, un acto de salud democrática.

Y en el ámbito del deporte esto es especialmente necesario. La violencia en el deporte no es un problema que pertenezca a nadie en particular, y precisamente por eso corre el riesgo de no ser responsabilidad de nadie. Solo cuando todos los agentes implicados se reconocen como parte del mismo fenómeno —y, por tanto, como parte de la misma solución— empieza a ser posible algo más que el lamento. Promover la participación de todos los grupos de interés no es un adorno metodológico: es la condición de partida para cualquier abordaje serio.

Una invitación amplia, y una ausencia que también habla

Conviene reconocer el esfuerzo de convocatoria. Se cursó una invitación amplia a una notable variedad de entidades sociales y deportivas de Aragón. No todas, sin embargo, acudieron finalmente a la cita.

No es un reproche, sino un dato. Quién decide estar y quién decide no estar en una conversación sobre la violencia en el deporte es, también, una forma de información. Las ausencias no invalidan el encuentro —al contrario, hacen aún más valioso el compromiso de quienes sí estuvieron—, pero nos recuerdan que todavía queda camino para que este tema se perciba como lo que es: un asunto que interpela a todo el ecosistema deportivo, y no solo a quienes ya están sensibilizados.

La primera conclusión, y la más incómoda: seguimos hablando de lo mismo

Una idea que apareció repetidamente: estamos volviendo a hablar, prácticamente, de las mismas cosas que hace muchos años. Quienes llevamos tiempo en esto tuvimos la sensación —compartida por varios de los presentes— de estar repitiendo diagnósticos que ya formulábamos hace una década o más.

Y lo más doloroso no es el diagnóstico repetido, sino su causa: actuaciones y programas que se implementaron en su día, y que dieron resultados positivos, no han tenido continuidad. No fracasaron. Funcionaron. Y aun así se interrumpieron. Por mencionar solo algunos ejemplos que salieron en la conversación o que conozco de primera mano:

• La experiencia de formación en valores del Stadium Casablanca, un trabajo pionero en su momento.
• El programa Entrenando a Padres y Madres de la Dirección General del Deporte del Gobierno de Aragón, que ponía a trabajar en equipo a entrenadores y familias.
• Los protocolos de prevención de partidos de riesgo en el fútbol base, con detección temprana e intervención preventiva, que llegaron a recibir reconocimiento institucional.

Todos estos trabajos comparten una misma historia: nacieron, demostraron que servían, y se apagaron. Esa discontinuidad es posiblemente uno de los problemas estructurales más graves que tenemos. Porque obliga a empezar siempre de cero, a redescubrir lo ya sabido, y a explicar a una nueva generación de gestores lo que otra generación ya había aprendido. La prevención de la violencia en el deporte no sufre tanto por falta de ideas como por falta de continuidad.

Lo que medimos no es lo que pasa

Otra idea que tiene que ver con los datos. Cuando se habla de violencia en el deporte, las cifras que circulan proceden casi siempre del mismo sitio: las sanciones del deporte profesional y de competición —estadios, gradas, expedientes administrativos—. Son datos reales y necesarios, pero recogen solo la punta del iceberg.

Lo que apenas medimos es el deporte de base, que es justamente donde se forma la cultura deportiva de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y dentro de ese terreno poco medido, hay una dimensión casi invisible: la violencia psicológica y sus consecuencias sobre la salud mental de los deportistas. La humillación, el grito sistemático, el aislamiento del vestuario, la presión desmedida o el control del peso al borde del trastorno alimentario en deportistas adolescentes no dejan parte médico, pero dejan huella.

Los pocos estudios rigurosos que existen apuntan en esa dirección. El estudio europeo CASES (Child Abuse in Sport: European Statistics, 2021) encontró que en España el 78% de las personas adultas encuestadas reconocía haber vivido alguna forma de violencia interpersonal en el deporte siendo menor, siendo la psicológica la más frecuente. Y un estudio más reciente del País Vasco, realizado por Kunina con apoyo del Gobierno Vasco, preguntó directamente a menores en activo: uno de cada tres reconoce haber sufrido violencia, y de quienes se atreven a contarlo, una mayoría no recibe respuesta alguna. Ahí, y no en los titulares de las gradas, está el cuerpo del problema.

La LOPIVI: una ley potente que todavía no sabemos si protege

En este punto es donde posiblemente se juega buena parte del futuro inmediato.

España cuenta desde 2021 con la LOPIVI, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (conocida coloquialmente como "Ley Rhodes"). Fue la primera norma integral de su tipo en Europa, y su objetivo es prevenir, detectar, intervenir y reparar toda forma de violencia sobre los menores en todos los ámbitos de su vida, incluido expresamente el deporte y el ocio.

Qué obliga a hacer en el deporte

El Capítulo IX de la ley se dedica al ámbito deportivo y de ocio, fundamentalmente en dos artículos:

• El artículo 47 obliga a las administraciones públicas a regular protocolos de actuación frente a la violencia, que deben aplicarse en todos los centros que realicen actividades deportivas con menores, sea cual sea su titularidad: centros de alto rendimiento, centros de tecnificación, federaciones y escuelas municipales incluidos.
• El artículo 48 establece las obligaciones concretas de cualquier entidad que trabaje habitualmente con menores: aplicar esos protocolos, implantar un sistema de seguimiento de su cumplimiento y, muy especialmente, designar a un Delegado o Delegada de Protección, una figura de referencia a la que los menores puedan acudir.

A ello se suman obligaciones derivadas de la propia ley: el certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales para todo el personal en contacto con menores, la formación específica inicial y continua, y el deber reforzado de comunicar cualquier indicio de violencia.

Por qué es una buena noticia

Esta ley tiene un clavo valor positivo, porque a veces se percibe como una carga burocrática y es justo lo contrario. Por primera vez, proteger a un menor en el deporte deja de depender de la buena voluntad de un entrenador sensible o de un directivo concienciado, y pasa a ser una obligación legal exigible. Por primera vez existe una figura identificable —el Delegado de Protección— a la que dirigirse. Por primera vez la formación en buen trato no es opcional. Bien aplicada, la LOPIVI es la mejor herramienta de prevención que hemos tenido nunca.

El problema: no sabemos si se está aplicando

Siendo su aplicación obligatoria desde hace casi cinco años, no disponemos realmente de información sobre su despliegue real. Sabemos que la ley existe. No sabemos cuántos clubes tienen de verdad un Delegado operativo, cuántos menores y familias saben quién es y cómo contactarle, cuántos casos se han atendido, ni con qué resultado. Una ley sin información sobre su aplicación corre el riesgo de quedarse en el cajón, por bien escrita que esté.

Qué indicadores necesitaríamos para evaluarla

Por eso defiendo que cualquier evaluación seria de la LOPIVI debería organizarse en cuatro niveles, del más básico al más exigente:

1. Existencia: ¿hay Delegado de Protección designado, protocolo escrito y certificados negativos de todo el personal? Es el mínimo legal, y no demuestra por sí solo que nadie esté más protegido.
2. Visibilidad: ¿saben los menores, las familias y el personal técnico quién es el Delegado y cómo contactarle? ¿Puede un menor acceder a él sin pasar por un adulto del club?
3. Actividad: ¿cuántas consultas y casos se han atendido por temporada? ¿De qué tipo? ¿Qué formación inicial y continua se ha impartido? ¿En cuánto tiempo se responde?
4. Resultados: ¿cómo se compara la tasa de denuncia interna con la prevalencia estimada por los estudios? ¿Cómo se resuelven los casos? ¿Qué satisfacción manifiestan las víctimas? ¿Cómo es el clima del vestuario?

¿En qué nivel están actualmente la inmensa mayoría de las entidades?

Hacia una estrategia global aragonesa

Finalizamos con la conclusión de fondo. La violencia en el deporte es un fenómeno sistémico y multifactorial. Intervienen muchos actores —deportistas, padres y madres, técnicos deportivos, árbitros, espectadores y también los profesionales de los medios de comunicación— y muchos factores predisponentes o desencadenantes: culturales (el "ganar a toda costa"), educativos (la falta de formación en gestión emocional y de conflictos), mediáticos (la espectacularización del rival como enemigo) e institucionales (la permisividad y los protocolos sin despliegue).

Un problema así no se resuelve con piezas aisladas e inconexas. Una jornada formativa por aquí, un protocolo por allá, una oficina más adelante. Es precisa una estrategia global en el ámbito aragonés: una que tenga en cuenta los factores que predisponen y desencadenan la violencia, que implique de verdad a todos los agentes, y que —sobre todo— garantice la continuidad de lo que funciona, en lugar de reinventarlo cada pocos años.

Salimos del Encuentro Improbable con una sensación ambivalente: la de haber participado en una conversación valiosa, y la de haber constatado, una vez más, que sabemos bastante bien lo que hay que hacer. El problema no es de diagnóstico. Es de gestión y de continuidad. Por eso nos gustaría que de este encuentro saliera, más que un acuerdo o una declaración, una segunda cita: que dentro de seis meses o un año volvamos a vernos los mismos, nos miremos a la cara y nos contemos qué ha pasado de verdad.

Porque la prevención de la violencia en el deporte no se decreta. Se gestiona. Y se gestiona entre todos.